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Quien se queda en silencio ante un crimen, es cómplice del crimen.


Por: Fernando Villavicencio Valencia
Quito, diciembre 2010


Mientras en Ecuador se sellaba la renegociación de los contratos petroleros con varias compañías extranjeras, en Stavanger, la capital petrolera de Noruega, se realizaba un seminario internacional sobre modelos contractuales, transparencia y paraísos fiscales. En el evento hubo oportunidad para analizar el caso ecuatoriano, las conclusiones preliminares son amargas, nuestro país sigue por el camino equivocado: inestabilidad política, jurídica y administrativa, inequidad en la renta petrolera, corrupción galopante, irrespeto a la naturaleza, violación de derechos laborales, evasión tributaria y un modelo de contrato de servicios que responde a un régimen autoritario y fiscalista, antes que a los requerimientos de la moderna industria energética.

Siento consternación por los resultados de la renegociación petrolera, pero mucho más, por el silencio de la sociedad: asambleístas, políticos, especialistas, oportunistas, dirigentes sociales, indígenas, ambientalistas, instituciones, expertos, medios de comunicación, periodistas, todos, salvo contadas excepciones, han guardado silencio sobre un tema en el cual se juega el pan, el alfabeto y un poco de felicidad para el pueblo. Ellos responderán ante la historia, yo hago lo que puedo.

En julio pasado entró en vigencia sin debate parlamentario, por “el silencio de los corderos” la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que según el Presidente Rafael Correa, estaba orientada a recuperar el “petróleo para todos” y acabar con más de dos décadas de inequidades contractuales. Desde fuera del círculo correísta advertimos que la citada reforma no tenía ni la N de nacionalismo, peor la I de izquierda, pero sí la C de corrupción, y que la urgencia reformatoria era una expresión de la grave crisis fiscal, que conducía al régimen a descapitalizar aún más a Petroecuador, entregando en una feria del dedazo, la operación de sus principales campos al capital extranjero privado, estatal o mixto, de la órbita del socialismo del siglo 21; consumando así el sueño neoliberal de privatizar las Joyas de la Corona. Además alertamos que en la migración contractual a un modelo de servicios, las transnacionales saldrían ganando, porque tenían instrumentos jurídicos a su favor, como son los contratos transitorios, negociados los años 2008 y 2009, con palo de ciego y cuchillo de carnicero, por Rafael Correa, Galo Chiriboga, José Serrano, Germánico Pinto, Derlis Palacios y el mando de la Marina. Los resultados de la primera fase de la renegociación y lo que se viene, fatalmente nos da la razón.

Revisada la historia mundial del petróleo, no se encuentra ni en las dictaduras más atroces y torpes, salvo en Guinea Ecuatorial, antecedentes similares a lo acontecido en Ecuador. Un período completo de gobierno, cuatro años renegociando contratos para perder, y peor aún condecorando a sus actores con la orden al mérito de “ejemplar negociador”, dedicada al ministro Wilson Pastor. Solo un pueblo que ha perdido la memoria puede permitir impávido el gobierno del cinismo y el cinismo del gobierno, "antes de nuestro gobierno a las petroleras, se les permitió hacer lo que les vino en gana”, dijo el Primer Mandatario al homenajear a Pastor, pero se olvidó que fue su galardonado, el maestro de la negociación petrolera, desde la década de los ochenta, con: Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén y Jamil Mahuad, aplicando lesivos contratos de servicios, participación, campos marginales, alianzas estratégicas, alianzas operativas, modelos que permitieron a las transnacionales “hacer lo que se les vino en gana”, es decir el saqueo del petróleo. Presidente Correa, explíquele al país la revolucionaria metamorfosis de Wilson Pastor, de perverso neoliberal a pro hombre socialista.

No hay nada que festejar compatriotas, aquí hay luto que llorar, investigar y castigar, porque el petróleo es el sustento económico de la patria, y lo que acaban de hacer y van a hacer, es un atentado contra los derechos económicos de los ecuatorianos, contra la ley, y contra la ética pública.

Ecuador se acerca rápidamente al umbral de sus reservas petroleras, sin contar con el petróleo del ITT, las reservas remanentes bordean los 2.100 millones de barriles de crudos medianos y pesados. En estas condiciones, la política petrolera y los modelos contractuales a aplicarse deberían estar orientados a incrementar el volumen de reservas comercialmente probadas, que procuren la autosuficiencia energética y el equilibrio económico de la caja fiscal. Para ello, un gobierno responsable primero debía fortalecer su empresa pública y luego suscribir contratos de riesgo con empresas serias, calificadas y seleccionadas en procesos públicos transparentes. El Presidente Correa y el Ministro Wilson Pastor hacen todo lo contrario: desmantelan a Petroecuador, entregan los campos productivos sin licitación a empresas piratas y suscriben contratos de servicios, que en el mundo hidrocarburífero son simples modalidades accesorias a los contratos de exploración y explotación. Es decir no se incrementarán las reservas comercialmente explotables.

Como ya sabemos el estribillo revolucionario “que les vaya bien, que les vaya bonito” cumplió su objetivo, las compañías que se van, se van forradas de plata, y las que se quedan, están bailando la fiesta de los taladros. El negocio era por ambas vías.

Ni alguien que haya reprobado el pre universitario de economía podría hacer cínica gala, de pretender convencer a un pueblo que tarifas de 35 y 41 dólares por barril, en campos maduros, con insignificantes inversiones para exploración, sin auditorías ambientales, ni valoración de pasivos, constituya un triunfo para el país. Todas las tarifas son superiores a los ya inflados costos de producción que mantenían las compañías, tarifas que superan en un 700% los costos de producción de las empresas públicas. En el Mar del Norte, los costos de producción of shore, son de 18 U$/BL y Statoil, la empresa pública noruega recibe una participación del 78% en contratos de riesgo exploratorio.

Presidente Correa, usted que si aprobó el pre universitario de economía y luce varios títulos internacionales, puede explicarnos por qué a la empresa pública Petroamazonas se le reconoce un costo de producción de 7 dólares por barril, con el cual se amortizan inversiones del orden de U$ 470 millones, mientras a la empresa china Petroriental le sube la ya inflada tarifa de 32,68 a 41 dólares por barril, por el mismo servicio de sacar idéntico petróleo, y de yapa le regala 6 años más de contrato? ¿Por qué no dejó que el contrato finalice en un año, luego de lo cual el 100% de las reservas, producción e infraestructura pasarían gratuitamente al Estado? le aseguro que mi vecina Clarita, de la tienda de la esquina, hubiese hecho eso. Si con los contratos de participación recibíamos migajas, con los de servicios, recibiremos migajas de las migajas.

El caso Repsol es para grabarlo en mármol importado. Como dice un sector de la prensa española, en el tramo final de los 100 metros, Correa se arrodilló ante el trono real y aceptó incrementar la tarifa, de 20,86 U$/BL y 25,76 U$/BL, en Tivacuno y Bogi-Capirón, respectivamente, a 35.95 U$/BL, apenas a 1,05 U$/BL de la descomunal tarifa de U$ 37 reconocida a Ivanhoe en el Bloque 20. La transnacional invertirá en nuevas exploraciones la ridícula cifra de U$ 11 millones. Lo actuado en el caso Repsol-YPF, merece una acción judicial y una explicación oficial. Presidente Correa, ¿por qué no dejó que los plazos originales venzan en enero del 2012, y el país reciba el 100% de las reservas, la infraestructura sin costo y 46 mil barriles diarios para el Estado? Desde febrero de 2012, hubiésemos recibido cerca de U$ 1.100 millones anuales, con su renegociación, si el precio se mantiene en 70 U$/BL, recibiremos apenas 440 millones anuales sobre la tarifa base y U$ 250 millones anuales, por el 25% de margen de soberanía. Presidente, ¿acaso en su nomenclatura económica 690 millones es superior a 1.100 millones?

En el contrato anterior del Bloque 10, Petroecuador pagaba a la italiana AGIP-ENI, 29.91 U$/BL, ahora Correa-Pastor le aumenta la tarifa a 35 dólares, una diferencia de 5.09 U$/BL a favor de la transnacional, pese a que informes oficiales señalan que la compañía en una década obtuvo casi mil millones de dólares de utilidad; además se le amplió el plazo por 5 años, del 2017 al 2023. Las inversiones comprometidas de U$ 119 millones representan apenas U$ 14,8 millones anuales. En el caso Agip se reeditan las lacras más grotescas de la larga noche neoliberal, volvemos a las generosas yapas entregadas por gobiernos serviles: Bogi-Capirón y Tivacuno a Maxus, Shiripuno a ELF, Coca-Payamino a Orix, Fanny 18B a Andes, Limoncocha y Edén Yuturi a Occidental, Palo Azul a Petrobras; ahora el gobierno revolucionario, trapeando el piso con su propia Ley y violando el objeto del contrato, entrega adicionalmente a Agip, sin licitación, los bloques 23 y 42, con reservas probadas descubiertas por Petroecuador. Esto es totalmente ilegal, la transitoria primera de la ley reformatoria, en ninguna parte permite la entrega de campos adicionales. Un caso similar se vio en los contratos de Porta y Movistar, en los que se entregó de yapa la banda de 1900 MHz, que no era objeto del contrato renegociado.

A la china Andes Petróleum, operadora del Bloque Tarapoa, Fanny 18B y Marian, se le reconoce una tarifa de 35 U$/BL, superior en 11,23 U$/BL, al costo de producción de 23.47 U$/BL que tenía el año 2009, además se le extiende el contrato por 10 años, del 2015 al 2025.

En los campos Guachito, Paraíso y Biguno, que fueron operados por Petroecuador hasta el año 2002, el costo de producción era de 3.56 U$/BL, el régimen de Noboa entregó esos campos ilegalmente a la chilena ENAP-SIPEC con una tarifa descomunal de 16,69 U$/BL; ahora los socialistas del siglo 21, vuelven a mejorar las utilidades de ENAP, subiendo la tarifa a 20.77 U$/BL, una diferencia a favor de los chilenos de 4.05 dólares el barril. Los contratos que debían concluir el 2018 fueron extendidos hasta el 2025. Los 79 millones comprometidos por ENAP, garantizan una insignificante inversión anual de $ 5’226.000.

El premio para Petrobrás y la familia Isaías será jugoso, aquí el negocio fue “que les vaya bonito”, los brasileros se van forrados de dinheiro, sin pagar pasivos ambientales y luego de haber desangrado durante 10 años un campo como Palo Azul que no les pertenecía y sobre el cual hay una acción penal por peculado en la Corte de Justicia. El Estado no tiene nada que indemnizar ni liquidar a Petrobras, por el contrario, Petrobras y la familia Isaías deben responder ante la justicia por graves perjuicios económicos provocados al erario nacional, por la operación ilegal de un campo del cual obtuvieron casi el 50% de participación.

Nacionalismo extraño el de estos socialistas que pagan con recargos la salida de las compañías. Antecedentes sobran, el caso de City es uno de contar, por orden presidencial se suspendió la caducidad y se le canceló a la transnacional U$ 67 millones de inversiones no amortizadas, incluyendo una tasa de actualización del 7.5%, además de todas las obligaciones laborales, que redondeaban unos U$ 120 millones. En esas condiciones City se fue agradeciendo al Presidente.

Lo propio hizo Perenco que se fue del país sin pagar pasivos ambientales, debiéndole al Estado $ 327 millones por la Ley 42, deuda que el Ministro Pastor la canceló ilegalmente, rematando con precios descontados el petróleo que desde julio del 2009, ya era propiedad de Petroecuador. Casi un año después de que Perenco abandonó el país saboteando las operaciones, al Ministro W Pastor se le ocurrió caducar el contrato.

Para completar vamos a ahogarnos en el Golfo. La compañía EDC Ecuador Ltd. operadora del bloque 3, tenía un proceso de caducidad iniciado hace un año por Petroecuador, pero al Ministro Pastor le apestan los procesos de caducidad, entonces se olvidó, y de forma por demás sospechosa acordó la liquidación del contrato, pagándole una importante indemnización, cuando en derecho y soberanía procedía la caducidad y la reversión sin costo para el estado, del bloque y la infraestructura. Pronto veremos el desenlace de este tema en el cual el pueblo ecuatoriano acabará financiando una obra monumental que incluye captación del gas, subsidio eléctrico, planta de licuefacción, gasoducto Machala-Cuenca, para beneficiar a poderosos empresarios de la cerámica que siempre posan para la foto con el Presidente Correa y Carlos Pareja.

El golpe final se prepara para carnaval del 2011, la entrega de las últimas reservas de crudo liviano que le queda al país, los campos maduros “Joyas de la Corona”; el proceso será rápido, porque en el diccionario de Correa, los lentos son contrarrevolucionarios: “La Revolución Ciudadana se caracteriza por hacer las cosas extraordinariamente bien y extraordinariamente rápido”, señaló el mandatario en su misiva del 27 de septiembre de 2010 dirigida a Petroecuador.

Cuando Rafael Correa se bautizó de forajido y radical, anunció que la sola idea de entregar los campos petroleros “Joyas de la Corona” al capital extranjero, hubiese sido motivo suficiente para “mandar a su casa al coronel Lucio Gutiérrez”. El año 2006, en entrevista en radio La Luna, el precandidato presidencial Correa Delgado, sentenció que pretender concesionar las Joyas de la Corona, era “una traición a la Patria”, ¿“somos idiotas? no nos vean la cara de imbéciles por dios”, dijo el entonces economista de izquierda. Ahora que usted es Presidente, véase en un espejo y díganos a quién se parece.

fevillavi@yahoo.es

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